
Chile enfrenta una transformación histórica: su transición energética hacia una matriz energética más sostenible. Pero detrás de las turbinas eólicas, paneles solares y debates sobre almacenamiento energético, hay una pregunta que no muchos están haciendo:
¿Está el marco jurídico chileno a la altura del cambio que se avecina?
Como abogado, he observado con atención cómo la conversación sobre la transición energética se ha centrado casi exclusivamente en la tecnología, la infraestructura y las finanzas. Sin embargo, el componente normativo y regulatorio, aunque menos mediático, es absolutamente determinante para el éxito o el estancamiento de esta revolución energética.
Los proyectos renovables hoy enfrentan un cuello de botella legal: un proceso de “permisología” extenso y lento, que frena no solo la innovación, sino también la inversión. La evaluación ambiental, aunque necesaria, se ha convertido en un laberinto burocrático que encarece los proyectos y los retrasa innecesariamente.
Además, la falta de coordinación entre los distintos ministerios y organismos impide una visión integral. Cada entidad tiene sus propias reglas, prioridades y plazos, lo que genera contradicciones, demoras e incertidumbre jurídica.
Esto no solo afecta a grandes corporaciones. Los pequeños proyectos comunitarios —clave para una transición inclusiva— enfrentan aún más barreras, al no contar con los recursos legales o administrativos para navegar este ecosistema normativo hostil.
Desde una perspectiva legal, la ausencia de marcos normativos claros y estables genera un clima de inseguridad jurídica, que desalienta a los inversionistas. ¿Cómo tomar decisiones de largo plazo si las reglas cambian a mitad de camino, o si las políticas públicas no se alinean con los compromisos internacionales?
En este contexto, el rol del abogado se vuelve estratégico: no solo como asesor técnico, sino como articulador entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo técnico, entre la urgencia climática y la viabilidad operativa.
Hay otro aspecto crítico y muchas veces olvidado: la dimensión social de la transición energética. El cierre de centrales térmicas afectará a miles de familias. Si no existen marcos legales claros para la reconversión laboral y la compensación de comunidades afectadas, corremos el riesgo de transformar un avance ambiental en un retroceso social.
¿Estamos legislando para que esta transición sea justa? ¿Existen mecanismos de participación ciudadana efectivos? ¿Hay garantías reales de equidad energética para zonas rurales y vulnerables?
Hoy, la respuesta es no. Y como abogado, creo que esa es una deuda urgente.
Desde mi experiencia, propongo tres ejes legales clave para destrabar la transición energética:
En un escenario tan complejo como el chileno, el derecho no puede quedarse al margen. Los abogados debemos pasar de ser espectadores a actores protagónicos de la transición energética.
No solo defendiendo intereses, sino construyendo puentes normativos, liderando propuestas legislativas, facilitando inversiones sostenibles y asegurando que el cambio no deje a nadie atrás.
¿Está la legislación chilena preparada para facilitar esta transición? ¿Qué rol crees que deberían jugar los profesionales del derecho en este proceso?
Este no es solo un debate técnico: es una conversación que define el futuro energético y social del país.
Claudio Alarcón Arriagada
Gerente General
FELVAL S.A.